Cuando la ley no tiene prisa, los bienes quedan atrapados

Ley 913 de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas en Bolivia

Resumen

El proceso de pérdida de dominio en Bolivia, regulado por la Ley Nº 913 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas de 16 de mayo de 2017, emitida por la asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, implica la extinción del derecho de propiedad o posesión sobre bienes de origen ilícito, por derivar o estar vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas, transfiriéndose dichos bienes al Estado sin compensación para su titular, poseedor o tenedor, salvo la protección de derechos adquiridos de buena fe. Se trata de un mecanismo autónomo de naturaleza patrimonial, orientado a debilitar las estructuras económicas del narcotráfico mediante la recuperación de activos.

No obstante, el diseño normativo presenta un problema estructural: la ausencia de un plazo máximo para la conclusión de la etapa pre procesal. Esta fase, previa a la judicialización, es el periodo en el que el Fiscal especializado y los órganos de investigación como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la que mediante el grupo GIAEF se encarga de recolectar los elementos en la investigación, verifican el origen ilícito de los bienes y reúnen los elementos necesarios para sustentar la acción de pérdida de dominio. Sin embargo, la ley no establece un término objetivo que delimite su duración, generando un vacío normativo en materia temporal.

El problema jurídico radica precisamente en esa indeterminación. Al no existir un límite legal claro, la etapa pre procesal puede extenderse indefinidamente, permitiendo que los bienes permanezcan secuestrados durante meses o incluso años, sin que medie un control judicial sustancial sobre la razonabilidad de la duración de la investigación. Esta situación produce una afectación directa al derecho de propiedad y coloca a los titulares y terceros de buena fe en un estado de incertidumbre procesal prolongada.

Los riesgos derivados de este vacío normativo son múltiples. En el plano constitucional, la ausencia de plazo compromete el derecho al debido proceso y a la defensa (art. 115 de la Constitución Política del Estado), así como el principio de seguridad jurídica (art. 180). Asimismo, contraviene el estándar del “plazo razonable” reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, integrante del bloque de constitucionalidad. En el plano institucional, la prolongación indefinida de investigaciones genera ineficiencia administrativa, deterioro y depreciación de los bienes incautados, reduciendo su valor social y económico y afectando la finalidad recuperatoria del propio proceso.

En consecuencia, el problema central que aborda esta investigación no es la legitimidad de la pérdida de dominio como instrumento de política criminal, sino la falta de delimitación temporal de su etapa pre procesal, la cual introduce un riesgo estructural de restricción patrimonial indefinida sin control jurisdiccional oportuno. Esta indeterminación normativa plantea la necesidad de examinar si el modelo vigente resulta compatible con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y tutela judicial efectiva que rigen en un Estado constitucional de derecho.