Revista Andina de investigaciones en Ciencias Jurídicas
Comité Editorial de la Universidad Andina Simón Bolívar
Carácter obligatorio o facultativo de las medidas cautelares en el proceso penal hondureño
El artículo explora las medidas cautelares en el proceso penal hondureño, centrándose en la tensión entre la obligatoriedad y la discrecionalidad que rige su imposición, así como los elementos clave a considerar como la idoneidad y proporcionalidad para su resolución. Mediante un enfoque cualitativo hermenéutico y el método documental, la investigación realiza un análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial del Artículo 172 del Código Procesal Penal de Honduras, con perspectiva de derecho comparado regional y estándares internacionales de derechos humanos. La relevancia del estudio se acentúa, dado que las medidas cautelares afectan directamente derechos fundamentales de los imputados, como la libertad personal y la presunción de inocencia y con ello requieren una resolución debidamente motivada. Finalmente, se reflexiona sobre la necesidad de una interpretación que minimice el impacto lesivo de las medidas cautelares, más allá de la justificación de su imposición, mediante un verdadero control de convencionalidad.
Derechos de autor 2026 Enrique Grillo (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Configuración normativa y jurisprudencial del control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad en Bolivia
El artículo analiza la configuración y articulación de los controles de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad en el sistema jurídico boliviano, en el marco del bloque de constitucionalidad definido en la Constitución de 2009 y la recepción en la legislación nacional del corpus iuris interamericano de derechos humanos (contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José). La finalidad es doble: de un lado, estudiar la configuración normativa y jurisprudencial de estos tres niveles de control en Bolivia; de otro, analizar los ámbitos de confluencia y disenso. Se analiza la Constitución Política del Estado, la legislación orgánica relacionada (principalmente las leyes del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Código Procesal Constitucional, los más relevantes tratados de derechos humanos suscritos por Bolivia y un conjunto seleccionado de sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional. Dos resultados significativos de la investigación son: se evidencia el monopolio que tiene el TCP de definir la constitucionalidad o no de una norma, pero que a la fecha un nivel preliminar de dicho control ya está en manos de jueces de la justicia ordinaria; y que en la justicia constitucional hay una significativa combinación entre lo dispuesto en la Constitución y la norma proveniente de Convención Americana y la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Derechos de autor 2026 Marcelo Americo Cespedes Cuellar (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Cuando la ley no tiene prisa, los bienes quedan atrapados
El proceso de pérdida de dominio en Bolivia, regulado por la Ley Nº 913 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas de 16 de mayo de 2017, emitida por la asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, implica la extinción del derecho de propiedad o posesión sobre bienes de origen ilícito, por derivar o estar vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas, transfiriéndose dichos bienes al Estado sin compensación para su titular, poseedor o tenedor, salvo la protección de derechos adquiridos de buena fe. Se trata de un mecanismo autónomo de naturaleza patrimonial, orientado a debilitar las estructuras económicas del narcotráfico mediante la recuperación de activos. No obstante, el diseño normativo presenta un problema estructural: la ausencia de un plazo máximo para la conclusión de la etapa pre procesal. Esta fase, previa a la judicialización, es el periodo en el que el Fiscal especializado y los órganos de investigación como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la que mediante el grupo GIAEF se encarga de recolectar los elementos en la investigación, verifican el origen ilícito de los bienes y reúnen los elementos necesarios para sustentar la acción de pérdida de dominio. Sin embargo, la ley no establece un término objetivo que delimite su duración, generando un vacío normativo en materia temporal. El problema jurídico radica precisamente en esa indeterminación. Al no existir un límite legal claro, la etapa pre procesal puede extenderse indefinidamente, permitiendo que los bienes permanezcan secuestrados durante meses o incluso años, sin que medie un control judicial sustancial sobre la razonabilidad de la duración de la investigación. Esta situación produce una afectación directa al derecho de propiedad y coloca a los titulares y terceros de buena fe en un estado de incertidumbre procesal prolongada. Los riesgos derivados de este vacío normativo son múltiples. En el plano constitucional, la ausencia de plazo compromete el derecho al debido proceso y a la defensa (art. 115 de la Constitución Política del Estado), así como el principio de seguridad jurídica (art. 180). Asimismo, contraviene el estándar del “plazo razonable” reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, integrante del bloque de constitucionalidad. En el plano institucional, la prolongación indefinida de investigaciones genera ineficiencia administrativa, deterioro y depreciación de los bienes incautados, reduciendo su valor social y económico y afectando la finalidad recuperatoria del propio proceso. En consecuencia, el problema central que aborda esta investigación no es la legitimidad de la pérdida de dominio como instrumento de política criminal, sino la falta de delimitación temporal de su etapa pre procesal, la cual introduce un riesgo estructural de restricción patrimonial indefinida sin control jurisdiccional oportuno. Esta indeterminación normativa plantea la necesidad de examinar si el modelo vigente resulta compatible con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y tutela judicial efectiva que rigen en un Estado constitucional de derecho.
Derechos de autor 2026 Jhoselin Condori Ortiz (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
La desarticulación de la propiedad comunal en Bolivia (1826-1875), interpretada desde la gnoseología del Error en el derecho privado
El presente artículo aplica la Gnoseología del Error de Carlos Cossio al estudio del derecho privado boliviano entre 1826 y 1875, con el fin de identificar las infiltraciones ideológicas que deformaron la comprensión jurídica de la propiedad y de las instituciones indígenas. A partir del análisis histórico-dogmático y documental, se evidencia que la clase burocrática surgida tras la independencia mantuvo y reforzó relaciones coloniales bajo un discurso liberal-civilizatorio, con el uso de la dogmática jurídica para imponer la propiedad privada individual y desarticular la propiedad comunal. Se demuestra de qué manera la verdad jurídica formal se divorció de la justicia viviente de las comunidades indígenas, operando como mecanismo legitimador de intereses de clase. Sin embargo, también se señala que no toda la dogmática jurídica es ideológica en sí misma: su estructura lógica y cognoscitiva permite distinguir entre conocimiento verdadero y contenido deformado por intereses materiales. Finalmente, se sostiene que la gnoseología del error posibilita depurar el derecho privado de sus elementos pseudocientíficos, reconstruyendo una dogmática fundada en la ontología del derecho, capaz de integrar verdad jurídica y justicia viviente.
Derechos de autor 2026 Juan Diego Camacho Orellana (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
La doctrina del Constitucionalismo Abusivo y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (2013-2025)
Este artículo examina la actuación del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) desde la doctrina del Constitucionalismo Abusivo y del retroceso constitucional. Se muestra cómo tres líneas jurisprudenciales han alterado los límites a la reelección presidencial, las reglas de competencia electoral y la duración de los mandatos judiciales mediante interpretaciones apoyadas en el bloque de constitucionalidad y en el control de convencionalidad, que han erosionado su función como límite del poder. Se reconstruyen tres secuencias: (i) la expansión y posterior contención de la reelección y la continuidad de los mandatos; (ii) la flexibilización de las condiciones de elegibilidad y del régimen sancionatorio electoral; y (iii) la prórroga de mandatos judiciales y la forma en que se define su cierre. Los resultados muestran que el TCP ha operado como agente informal de cambio constitucional, lo que se traduce en un proceso de suavización de las cláusulas de rigidez, una reconfiguración de la ponderación neoconstitucional y un desplazamiento de su papel contramayoritario hacia una ampliación estratégica de los márgenes de acción del poder implicado. El caso boliviano ejemplifica una modalidad compleja de Constitucionalismo Abusivo de origen judicial y se proponen categorías analíticas para discutir el diseño institucional, la jurisdicción constitucional y la protección de la democracia.
Derechos de autor 2026 Sebastian Calderon Vargas (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Derechos de la Naturaleza desde la nacionalidad Shuar
Este artículo académico presenta el análisis sobre los avances en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y la manera en que esta concepción debe lidiar con conflictos vinculados a las actividades extractivas y otras amenazas que se presentan contra la biodiversidad. Contempla un estudio de campo en uno de los 18 pueblos y 14 nacionalidades de Ecuador: la nacionalidad Shuar, específicamente en la comunidad de Naikimentsa, situada en la provincia Morona-Santiago. Los resultados demuestran la existencia de investigaciones, doctrina, jurisprudencia y sentencias relevantes de la Corte Constitucional del Ecuador, referidos al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. No obstante, a pesar de ello y de los avances alcanzados en el constitucionalismo formal, el ejericio pleno de este derecho todavía atraviesa dificultades y desafíos para la nación Shuar que requiere de políticas que permitan fortalecer la defensa de los derechos consetudinarios, así como la protección de su cosmovisión y conocimientos ancestrales en Ecuador.
Derechos de autor 2026 Edison Manuel Pozo Calderón (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Este trabajo versa sobre una temática de amplio interés jurídico internacional y de Latinoamérica en particular; región en la que la argumentación y fundamentación jurídica en el ámbito constitucional adquirió especial relevancia desde el llamado constitucionalismo latinoamericano. El objeto de estudio de esta investigación está determinado en los modelos de argumentación jurídica aplicables a la realidad del Ecuador, Estado constitucional de derechos y justicia, que exige a las resoluciones judiciales estar debidamente motivadas; es decir, contener argumentos que respalden las decisiones que se asuman, de manera que los modelos o estructuras argumentativas permitan la construcción de argumentos sólidos sobre una tesis o teoría del caso. De acuerdo con la revisión de literatura especializada, se abordan los modelos argumentativos y ponderativos de Robert Alexy (test de proporcionalidad) y Manuel Atienza (derrotabilidad), como esquemas de última ratio, adaptables a la resolución de “casos complejos” en Ecuador. Esto invita a quienes están vinculados al ámbito jurídico: abogados litigantes, fiscales o jueces a revisar estos elementos a momento de presentar o considerar una defensa técnica nominal, eficiente y eficaz. En consecuencia, ensayar o hacer ejercicios de argumentación jurídica, a través de los modelos propuestos.
Derechos de autor 2025 Diana Karolina Zumba Romero (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
En las últimas décadas, el análisis de la amnistía ha adquirido relevancia en las ciencias sociales y jurídicas, pues está referida a mecanismos estatales que buscan promover la paz y la reconciliación. No obstante, su implementación genera controversias respecto de su constitucionalidad, alcance y efectos en los derechos humanos. En Ecuador, la amnistía otorgada a 268 personas por la Asamblea Nacional el 10 de marzo de 2022 se convirtió en un caso paradigmático, al situarse en la intersección entre la defensa de derechos fundamentales y la acusación de propiciar impunidad. Este artículo examina dicho proceso desde un enfoque sociojurídico, enfatizando su relación con el derecho administrativo, el derecho penal y la protección de los derechos humanos. A través de un estudio documental, se analizan los debates académicos y políticos suscitados por esta decisión. Se concluye en que la medida, aunque concebida como un recurso de reconciliación, también puede caer en un hecho inconstitucional y generador de impunidad.
Derechos de autor 2025 Mentor Filimon Trujillo Poveda (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Restricción del marco normativo en el desarrollo de las autonomías indígena originario campesinas en Bolivia
Las autonomías indígenas originarias campesinas de Bolivia representan una innovación constitucional que materializa el pluralismo jurídico y la libre determinación de los pueblos indígenas. Sin embargo, el marco normativo estatal impone restricciones significativas que limitan su desarrollo institucional pleno. Esta investigación analiza las tensiones entre la normativa estatal y el ejercicio efectivo de la autonomía indígena. La investigación empleó metodología jurídico-doctrinal con enfoque cualitativo, combinando análisis normativo de la Constitución Política del Estado de 2009, la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización, así como otra normativa conexa. Se utilizó el método hermenéutico-jurídico para interpretar las disposiciones normativas y el análisis comparativo para examinar casos específicos de autonomías ya constituidas. Se identificaron cinco áreas principales de restricción para las regiones: limitaciones procedimentales para el acceso a la autonomía, condicionamientos en el ejercicio de las competencias exclusivas, restricciones en la jurisdicción indígena, limitaciones en la gestión territorial y controles estatales sobre los estatutos autonómicos. Los resultados evidencian que el marco normativo estatal mantiene un enfoque tutelar que contradice los principios de libre determinación reconocidos constitucionalmente. Las restricciones normativas estatales configuran un modelo de “autonomía tutelada” que limita sustancialmente el desarrollo institucional indígena. Se requiere una reforma normativa que armonice la unidad estatal con el pluralismo jurídico que garantice el ejercicio efectivo de la libre determinación indígena sin menoscabar la integridad territorial del Estado.
Derechos de autor 2026 Pedro Rolando Cusi Chambi (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
La figura del Ombudsman respecto a su designación y/o elección en la región Iberoamericana
El artículo analiza las principales formas las que la figura del Ombudsman (Defensor del Pueblo) es designada en los países Iberoamericanos, de acuerdo con principios como la independencia, autonomía y ética profesional. Muestra cómo las corrientes teóricas tienen la necesidad de otorgar la legitimidad y credibilidad a la forma de elección del Defensor del Pueblo, reconociendo la importancia que tiene el soberano en la toma de decisiones, sobre todo en una institución que promueve, protege y defiende los derechos de la sociedad en su conjunto. Se revisan modelos de designación y/o elección, con énfasis en la experiencia iberoamericana, analizando la legislación española, peruana, ecuatoriana, colombiana y boliviana. Estos modelos muestran las diversas formas que existen para establecer estas autoridades. Con este marco, se analiza la forma de designación del Defensor del Pueblo en Bolivia, con énfasis en la concepción, aceptación y resistencias hacia esta autoridad en el marco de la democracia.
Derechos de autor 2026 Juan Manuel Navarro Ameller (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Conflictos de competencia entre las Jurisdicciones Indígena y Agroambiental en Bolivia
El presente artículo de investigación jurídica indaga sobre la problemática que se advierte en las diferentes fundamentaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Agroambiental para dirimir conflictos de competencia entre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y la Jurisdicción Agroambiental. A partir de un análisis de la jurisprudencia se contribuye con elementos para el ejercicio de la función jurisdiccional, cuando se pretenda resolver asuntos en la jurisdicción agroambiental como en la Indígena, reduciendo la posibilidad de que se emitan dos sanciones por un mismo hecho. Se enfatiza en los razonamientos realizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional para decantarse por la otorgación de competencia a la jurisdicción indígena o a la jurisdicción agroambiental. Asimismo, se analizan los diferentes argumentos expuestos por el Tribunal Agroambiental para resolver controversias en situaciones referidas a temas competenciales.
Derechos de autor 2025 Fernando Reyes Torrez, Ximena L. Auca Condori (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tensiones en el Estado de Derecho tras la crisis de 2019 en Bolivia
Las elecciones nacionales de 2019 en Bolivia derivaron en una escalada de violencia, el derrocamiento del presidente Evo Morales y la conformación de un “gobierno transitorio” respaldado por cruentas acciones coercitivas estatales. El artículo analiza cómo, en un escenario de masacres y represión (ej. Senkata y Huayllani), se desarrolló el sistema penal-judicial que criminalizó a opositores al nuevo gobierno. El argumento es que dicho gobierno se consolidó mediante un aparato coercitivo formal (judicial-policial), combinado con formas extrajudiciales (masacres), buscando sostener la retórica del “Estado de Derecho”. El enfoque que aquí se sigue entiende al Estado boliviano como un espacio de dominio disputado entre grupos y clases sociales, bajo formas jurídicas “modernas” (libertad e igualdad formal) conflictuadas con herencias coloniales. Metodológicamente, se revisan informes de derechos humanos (GIEI, Defensoría del Pueblo) para reconstruir cronologías de las prácticas de represión estatal. En el debate, se critica a los enfoques institucionalistas, por analizar la crisis desde figuras predefinidas, ignorando la materialidad y la tensión de la violencia del Estado. También se cuestionan los estudios histórico-comparativos, por omitir las particularidades de la coerción estatal en el complejo contexto boliviano. La importancia de este trabajo está en plantear la necesidad de ahondar la investigación sobre cómo la forma estatal boliviana se desarrolla y disputa específicamente, más allá de su abordaje de cómo “debería de ser” o desde comparaciones que excluyen las particularidades históricas.
Derechos de autor 2026 Fernando Aguilar Saravia (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres en Bolivia
La normativa penal contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, es un referente y un hito boliviano en la región. No obstante, a 13 años de la promulgación de la Ley N.° 243, existe un bajo registro de sentencias por este delito, evidenciando un fracaso de su implementación en el ámbito de persecución y sanción penal, así como, un inexistente efecto disuasorio del delito.
Derechos de autor 2025 Juan Nelson Churqui Aquino, Keyla Dennis Paz Choquemita (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Una mirada principialista de la capacidad jurídica
La Unión Internacional del Notariado (UINL), entidad que aglutina a los notariados del mundo, en su XVIII Jornada Notarial Iberoamericana celebrada en Puerto Rico (2021), concluye que ante la falta de reformas legislativas en los notariados miembros, de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), estos deben aplicar los principios y valores de los derechos humanos en la función notarial. Este postulado ha generado muchas controversias, ya que la función notarial es una actividad reglada, cuya rigidez formal se ampara en el cumplimiento de la ley. El presente artículo pretende responder a interrogantes que emergen de la mencionada propuesta de la UINL. La investigación se acoge dentro el paradigma interpretativo, cuyo enfoque responde a la investigación de tipo cualitativo; por tanto, solo pretende hacer un examen crítico bajo los métodos descriptivo y analítico de la literatura jurídica. Entre los resultados, se puede advertir la evidente adherencia del notariado latino con la tradicional teoría de la voluntad, lo dificulta ingresar en el tema de aplicación de principios y valores en la función notarial.
Derechos de autor 2025 Ismael Vargas Aiza (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Evolución de la Política Criminal boliviana
Este artículo efectúa un análisis histórico-jurídico de la evolución de la Política Criminal en Bolivia, desde el periodo precolombino hasta la etapa estatal contemporánea. Usando un enfoque cronológico y doctrinal, se identifican los rasgos esenciales de los sistemas normativos penales en las etapas históricas incaica, colonial, republicana y estatal. Queda comprobado cómo la justicia penal boliviana transitó de una política criminal basada en la conciliación y el respeto comunitario hacia un proceso de hiperinflación normativa, caracterizado por la acumulación de leyes penales sin un criterio sistemático. En rigor, la excesiva legislación penal actual responde más a presiones sociales y políticas que a una estrategia integral de política criminal, afectando la vigencia del sistema jurídico punitivo nacional.
Derechos de autor 2025 Raul Arnold Barriga Villegas (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
La definición jurídica de los pueblos indígenas en Bolivia
La Constitución Política del Estado boliviana desarrolla la noción de plurinacionalidad a partir de la presencia de naciones y pueblos indígenas, no sólo en el emplazamiento territorial, sino en su presencia en los distintos niveles de gobierno reconocidos por dicha norma. Este artículo problematiza una parte de las formas de concretización de esta presencia/existencia anterior a la invasión colonial, tomando como análisis la exigencia de ancestralidad en la concreción de las autonomías indígenas, revelando la presencia de criterios de alocronía y criptonormas que se hacen presentes en un neocolonialismo disimulado de conquista de derechos.
Derechos de autor 2025 Paola Daniela De la Rocha Rada (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Configuración típica de la responsabilidad penal en la mala praxis médica en Bolivia
La mala praxis médica en Bolivia, en cuanto a su configuración típica, posee dificultades, ya que carece de una tipificación penal específica, obligando a subsumirla en tipos genéricos que no recogen las peculiaridades del acto médico ni la flexibilidad técnica de la lex artis. Esta situación genera dificultades para delimitar la responsabilidad penal, en especial en cuanto a la imputación subjetiva, generando conflictos para distinguir la conducta culposa del dolo eventual. La imputación objetiva debería basarse en la relación médico-paciente, en las expectativas puestas en el médico, su posición de garante, así como el carácter esencialmente riesgoso de la práctica clínica, aspectos que exigen un análisis preciso para establecer cuándo el profesional excede el riesgo socialmente permitido.
Derechos de autor 2025 Marisol Campos Doria Navas (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Cómo La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional superó la Ley de Deslinde
La Constitución Política del Estado boliviana de 2009 ha establecido la jurisdicción indígena originaria campesina como expresión del pluralismo jurídico, la misma se ejerce en el marco de la Ley de Deslinde 073 de 29 de diciembre de 2010; sin embargo, con el tiempo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha ido modulando la aplicación de esta norma, cuestionando incluso su necesidad. A través de un análisis de la jurisprudencia del TCP se da razones para sostener como afirmación el título de este artículo: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional superó la Ley de Deslinde.
Derechos de autor 2025 Dr. Farit Limbert Rojas Tudela (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Los principios jurídicos en la determinación del derecho
El presente artículo analiza la naturaleza jurídica de los principios jurídicos y su función supletoria, integrativa y axiológica en la determinación del derecho. Este trabajo destaca sus aspectos más relevantes que van desde su naturaleza hasta sus tipos y funciones. Una de las principales interrogantes planteadas, es si el principio jurídico es criterio de interpretación u orientación exclusivamente, o si por el contrario, puede considerarse como una fuente más para el derecho. Es decir, se indaga si posee, por su propia naturaleza, fuerza jurídica para determinar lo justo en cada caso concreto. Para ello, se examina el caso del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que en su título preliminar incorpora los principios jurídicos y los criterios de interpretación jurídica como fuente del derecho. En este marco se propone un diálogo entre principios, leyes, costumbres y valores, entre otros aspectos. Por último, se evalúa si el ordenamiento jurídico analizado se configura como un sistema cerrado con cierta plenitud normativa o como un sistema abierto a la realidad, en el que los principios operan como criterios de optimización jurídica en los casos concretos.
Derechos de autor 2025 Fernando Adrián Bermúdez (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
En Bolivia, la ejecución exitosa de contratos de obras públicas es crucial para el desarrollo del país. Estos contratos suelen enfrentar problemas como retrasos, disputas contractuales y cambios imprevistos en su ejecución. Este estudio explora la implementación de los Dispute Boards como un mecanismo preventivo y eficiente para la gestión de conflictos en este ámbito. Los Dispute Boards actúan de manera proactiva, identificando y resolviendo disputas entre las partes en tiempo real, lo que permite mantener la continuidad de las obras, reducir costos asociados y garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales. Aunque existen desafíos para su adopción, como el desconocimiento del mecanismo y el eventual ajuste normativo, los beneficios potenciales superan las barreras iniciales. El análisis concluye estableciendo que los Dispute Boards son una herramienta clave para optimizar la ejecución de contratos de obras públicas, fortaleciendo la colaboración entre las partes y asegurando mayor eficiencia en el contexto boliviano.
Derechos de autor 2025 Mario Ballivián Cabrera (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
La reforma procesal penal como lucha simbólica
Este trabajo aborda el estudio de la percepción de los agentes que actúan en el campo jurídico en el marco de un proceso de reforma judicial, atendiendo al caso de la reforma procesal penal en la provincia de Santiago del Estero, República Argentina, desde el año 2007 hasta el año 2022. Se estudia en particular la distinción entre “teóricos” y “prácticos”, la percepción del proceso de transformación jurídica por parte de los abogados litigantes, así como la configuración de un nuevo habitus por parte de los magistrados y funcionarios judiciales.
Derechos de autor 2025 Matías Castro de Achával (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
De la toga al algoritmo ¿juez artificial?
La presente investigación describe y analiza el impacto que ha tenido la inteligencia artificial, desde su desarrollo teórico (implementación de algoritmos), práctico y regulativo en el ámbito del sistema judicial comparado. La automatización de los procesos de toma de decisiones mediante el despliegue de sistemas algorítmicos ha revolucionado el ámbito jurídico, al menos en las últimas décadas. La inteligencia artificial, se ha convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo cognitivo y volitivo de los administradores de justicia (jueces humanos), y en igual medida, para los abogados. Paralelamente, se trata de un medio esencial para diversas actividades humanas, como el comercio, la educación, las relaciones interpersonales de los individuos, o el ocio, entre otras. Sin embargo, este fenómeno no debe conducir a la deshumanización ni a la excesiva tecnificación de los vínculos humanos con la tecnología.
Derechos de autor 2025 José L. Cusi-Alanoca (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Exigibilidad y justiciabilidad de derechos de cuarta generación ante tribunales locales o supraestatales
La evolución de los derechos humanos trajo consigo el establecimiento de categorías específicas, a las que el mundo jurídico denomina generaciones. En razón del principio de igualdad que prima en la solución de conflictos sobre cuestiones inherentes a la dignidad humana, la dogmática jurídica no admite una jerarquización especializada para tutelar las libertades, sean individuales o colectivas, reconocidas en favor del pueblo. No obstante, en la medida en que comenzó a consolidarse una clasificación primigenia y luego secundaria de los derechos humanos, hoy en día es habitual referirse a su progresividad a través de una tercera generación. En la actualidad, además, cobra relevancia una cuarta generación, relacionada con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que merecen los sujetos protegidos. Bajo este contexto, el presente estudio analiza la exigibilidad de la normativa y la titularidad de los derechos humanos de contenido digital, además de su “justiciabilidad”, entendida como la posibilidad de reclamarlos ante un tribunal local o en el ámbito supranacional, debido a su reciente expansión en la comunidad internacional.
Derechos de autor 2025 Paul Enrique Franco Zamora (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
En hogaño, siglo XXI, una pluralidad de sistemas constitucionales han incorporado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, un hecho que ha suscitado la constitucionalización de este derecho y la subsecuente internacionalización del Derecho Constitucional, una ósmosis o interpenetración jurídica. No obstante los posibles beneficios que pueda reportar lo acontecido, se estima que no se ha dispuesto de la suficiente cavilación prolongada que haya estado focalizada en ponderar su incidencia para con la rigidez constitucional y el procedimiento de reforma constitucional. En atención a que la introducción de materia deóntica convencional en las constituciones rígidas de Hispanoamérica ha modificado –diluido– el entendimiento que estos tópicos ameritan, la presente investigación tiene por telos (meta) analizar el fenómeno de la liquidez constitucional. El enfoque y la metodología empleados para el estudio de tipo comparatista y bibliográfico-doctrinal. Culminado el análisis constitucional, se dará por adverado, por cierto, que varias normas supremas han sido atenuadas en su rigidez por la posibilidad de anidar y suprimir normativa constitucional de forma paralela a los dispositivos de enmienda ya reglados en las constituciones.
Derechos de autor 2025 Rodrigo René Cruz Apaza (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Las garantías básicas del debido proceso y la constitucionalización de la Justicia Indígena en Ecuador
A partir de un análisis de las garantías básicas del derecho al debido proceso y su aplicación formal en el ámbito de la justicia indígena en Ecuador, este artículo estudia los lineamientos determinados en la Constitución de 2008 y las leyes emitidas por la Asamblea Nacional respecto a este tópico, y cómo la Corte Constitucional ecuatoriana, en el ámbito del control constitucional, interpreta la aplicación del debido proceso en el sistema jurídico indígena, ya que no se ha llegado a establecer con claridad los alcances y límites de las garantías del derecho al debido proceso en relación al derecho indígena, lo cual, incide en el libre desarrollo de la autonomía legislativa y jurisdiccional de esta justicia.
Derechos de autor 2025 Cristian Fabricio Peralta Vásquez (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Del pluralismo liberal al constitucionalismo intercultural
En el texto que se pone a consideración, se parte de analizar el reconocimiento del multiculturalismo en el Estado liberal y la complejidad que esto supuso para el derecho pensado desde una lógica individualista. Se ve cómo las corrientes culturalistas de corte liberal pretendían asimilar las identidades culturales minoritarias a una sola identidad cobijada en el Estado nación unitario; cómo el multiculturalismo liberal reconoce los derechos de las identidades culturales minoritarias, pero sin abandonar la idea del Estado central, diseñado desde los principios de igualdad y libertad. Se revisan los modelos constitucionales propuestos en América Latina y que ocasionaron el surgimiento del constitucionalismo plural, proceso que empezó con el multiculturalismo tutelar de los pueblos originarios, desencadenando un reconocimiento exponencial de derechos de protección de las diversidades étnicas y que terminaron redefiniendo la concepción del Estado, causando su refundación como un Estado intercultural, cuyas pretensiones igualitarias y decoloniales se fueron desdibujando. También es objeto de análisis la transición del multiculturalismo liberal al constitucionalismo intercultural. Se indaga cómo el proyecto plural que generaron los movimientos sociales de corte étnico acabó cediendo a las presiones de las élites políticas que ejercen el poder en la región. Esta concesión hizo que el proyecto plural étnico se convierta en un instrumento más de dominación de los pueblos originarios; un ejemplo de esto es que el amplio catálogo de derechos de las constituciones plurales es en gran parte meramente declarativo. Esta investigación es descriptiva documental y no experimental, su diseño es bibliográfico y su enfoque cualitativo. Se exploró documentación jurídica con el fin de fundamentar la construcción del sistema plural de administración de justicias, como consecuencia del reconocimiento de la dimensión intercultural del Estado constitucional.
Derechos de autor 2024 Kristian Guillermo Nieto Hernández (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
El rol de la interculturalidad y el pluralismo jurídico en la interpretación constitucional de la ley penal
El presente estudio explica la relación que existe, en Ecuador, entre la interculturalidad y el pluralismo jurídico, con base en la interpretación constitucional del derecho penal y de las diversas visiones étnicas y culturales que conviven en el país. El documento analiza, además, los retos y las oportunidades que presenta la coexistencia de los sistemas jurídicos: indígena y occidental. Para lograr una interpretación constitucional que respete las diversas cosmovisiones de Ecuador, los especialistas del área se inclinan porque los procesos judiciales respeten los principios interculturales y jurídicos occidentales en los casos penales que deben juzgar los tribunales. De tal manera que estos procesos, sean adaptados a las visiones culturales, en coordinación con las autoridades estatales y las representaciones de las comunidades indígenas. Este estudio se realizó con una revisión bibliográfica, análisis de jurisprudencia y estudio de casos, enfoques que permitieron explorar patrones y divergencias en la aplicación de estos principios. Tras la revisión, el documento comparte cuáles son los desafíos para la autonomía jurídica de las comunidades indígenas. En conclusión, la Corte Constitucional desempeña un papel crucial en la consolidación de los principios encaminados a proteger la diversidad cultural, y de garantizar una aplicación del derecho penal con equidad.
Derechos de autor 2024 Victor Hugo Jaya Duchi (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Sistema penitenciario y crisis carcelaria en el Ecuador
El sistema penitenciario en Ecuador enfrenta una profunda crisis carcelaria, caracterizada por una serie de problemáticas que tienen severas implicaciones en el respeto a los derechos humanos y la garantía de la justicia penal para las personas. Las cárceles ecuatorianas han sido escenario de una violencia sin precedentes, marcada por masacres y enfrentamientos entre bandas. Esta situación ha sido exacerbada por la sobrepoblación y el hacinamiento, como el reflejo del uso excesivo de la detención preventiva y la falta de alternativas efectivas frente al encarcelamiento. El objetivo principal de este estudio es analizar el sistema penitenciario, y la crisis carcelaria en Ecuador, y sus consecuencias en el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la justicia penal. Esta investigación recurrió a una modalidad paradigmática cualitativa, propia de las Ciencias Sociales, como el Derecho, con un nivel de investigación exploratorio y descriptivo. Este estudio consta de un diseño de investigación-acción, tiene una muestra de once expertos1 y los criterios de un grupo multidisciplinario de profesionales en el área de la Psicología, Trabajo Social y Derecho. La técnica de recolección de información siguió los parámetros establecidos por la metodología focus group (grupos focales) o grupos de enfoque. Adicionalmente, con la técnica de revisión de materiales y documentos se realizó el análisis documental de diez documentos bibliográficos. El tipo deinvestigación en el área de Derecho es jurídico-propositiva. Los métodos utilizados fueron, en el nivel teórico: el analítico-sintético, el históricológico y el inductivo-deductivo; en el nivel práctico: el análisis documental y el método de la interpretación jurídica. Como conclusión, se determinó que es necesario poner en acción una política criminal y penitenciaria integral y transversal, enfocada en la prevención y en el control de todo tipo de violencia en las cárceles, con la aplicación de diferentes medidas; como la reducción de la sobrepoblación carcelaria, mediante la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva y con nuevas políticas públicas adecuadas a la realidad. 1 Entre los que se destaca a la Doctora Mercedes Navarro Cejas, por su invaluable aporte
Derechos de autor 2024 Ronny Michael Estrella Saltos (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Ejecución de sentencias en el marco de la tutela judicial efectiva en Ecuador
La Constitución ecuatoriana de 2008 califica al país como un Estado constitucional de derechos y justicia con énfasis en las garantías constitucionales para sus habitantes. Sin embargo, existen deficiencias en el sistema legal, particularmente en la ejecución de las garantías judiciales. Por ejemplo, estándares inconsistentes, impunidad, corrupción y falta de independencia judicial. El presente análisis tiene como objetivo proporcionar una visión detallada del sistema judicial de Ecuador, con un enfoque en el análisis de los desafíos y oportunidades de aplicación de la normativa en las garantías judiciales y la protección de los derechos básicos de los que goza la población. Durante esta investigación se ha identificado fallas en el sistema judicial de Ecuador, entre otras, la falta de coherencia en los criterios judiciales, la politización y la burocracia. Esta investigación demuestra que en Ecuador hay una necesidad de reformas para mejorar la ejecución de sentencias y garantizar una supervisión judicial eficaz; paralelamente, es preciso fortalecer la independencia judicial y la proporcionalidad en las medidas de ejecución. Se destaca la necesidad de incorporar principios como respeto a la autoridad judicial, proporcionalidad, oportunidad, eficiencia, no discriminación y cooperación para el cumplimiento efectivo de las sentencias. Además, este trabajo demuestra que existe la necesidad de poner en vigencia un sistema legal eficiente y transparente para garantizar resultados justos y una obediencia efectiva de las decisiones judiciales. En conclusión, existe una brecha significativa entre la teoría y la práctica de la aplicación judicial efectiva en Ecuador. Es necesario optimizar los mecanismos de sentencia y abordar cuestiones como la interpretación inconsistente de las garantías judiciales, la corrupción y los procesos burocráticos ineficaces. Las mejoras en estas áreas son fundamentales para proteger los derechos básicos y fortalecer la confianza en el sistema legal.
Derechos de autor 2024 Luis Ernesto Quinde Quizhpi (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Derechos de personas vulnerables en la contratación presencial y telemática ante notario público en Ecuador
Esta investigación parte de la problemática que existe en la falta de tutela de derechos constitucionales de personas vulnerables en la contratación telemática, a diferencia de la protección que existe en la contratación personal de forma física ante notario público en el Ecuador. Se utilizó el método de investigación con un enfoque mixto que combina tanto técnicas cualitativas como cuantitativas para la recolección de datos. En la cualitativa, con un enfoque particular en las normativas legales; en la cuantitativa, a través de la técnica de la encuesta para recolectar datos de notarios públicos y sus trabajadores de notarías de la ciudad de Quito, Ecuador. La recolección de datos cuantitativos, procesamiento y análisis de estos, se exponen en los resultados. Así, esta investigación se enmarca bajo el método analítico crítico. Como resultado, se evidencia las diferencias entre la percepción de seguridad jurídica que existe de los notarios públicos y sus trabajadores en la evaluación de la capacidad de las personas en la contratación presencial, en la que a criterio de los encuestados se asegura la protección de los derechos constitucionales de las personas vulnerables, en contraste con la contratación telemática, en la que no ocurre esta tutela por varios factores. Como la falta de capacitación y desconocimiento de los notarios y sus trabajadores en materia tecnológica, acompañado de variables respecto de los usuarios considerados vulnerables por diferentes causas. Como conclusión se evidencia la falta de capacitación a los notarios públicos y sus trabajadores en el manejo, uso adecuado y de forma segura de la tecnología, y se recomienda la implementación de políticas públicas por parte del Estado ecuatoriano para mitigar la vulneración de los derechos constitucionales de las personas digitalmente vulnerables durante una contratación telemática, con la intervención del notario público como apoyo, en sintonía a lo que ocurre en la contratación presencial.
Derechos de autor 2024 Paul David Arellano Sarasti (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0