Tensiones en el Estado de Derecho tras la crisis de 2019 en Bolivia

Resumen

Las elecciones nacionales de 2019 en Bolivia derivaron en una escalada de violencia, el derrocamiento del presidente Evo Morales y la conformación de un “gobierno transitorio” respaldado por cruentas acciones coercitivas estatales. El artículo analiza cómo, en un escenario de masacres y represión (ej. Senkata y Huayllani), se desarrolló el sistema penal-judicial que criminalizó a opositores al nuevo gobierno.

El argumento es que dicho gobierno se consolidó mediante un aparato coercitivo formal (judicial-policial), combinado con formas extrajudiciales (masacres), buscando sostener la retórica del “Estado de Derecho”. El enfoque que aquí se sigue entiende al Estado boliviano como un espacio de dominio disputado entre grupos y clases sociales, bajo formas jurídicas “modernas” (libertad e igualdad formal) conflictuadas con herencias coloniales. Metodológicamente, se revisan informes de derechos humanos (GIEI, Defensoría del Pueblo) para reconstruir cronologías de las prácticas de represión estatal. En el debate, se critica a los enfoques institucionalistas, por analizar la crisis desde figuras predefinidas, ignorando la materialidad y la tensión de la violencia del Estado. También se cuestionan los estudios histórico-comparativos, por omitir las particularidades de la coerción estatal en el complejo contexto boliviano. La importancia de este trabajo está en plantear la necesidad de ahondar la investigación sobre cómo la forma estatal boliviana se desarrolla y disputa específicamente, más allá de su abordaje de cómo “debería de ser” o desde comparaciones que excluyen las particularidades históricas.